Marzo es el mes en que Red Eléctrica publicará el listado definitivo de los MW que han perdido sus puntos de acceso y conexión tras el hito administrativo del 25 de enero.
A modo de anticiparse a ello, Energía Estratégica España registró cada una de las Declaraciones de Impacto Ambiental publicadas en el BOE desde el primero de noviembre del 2022, hasta el 13 de febrero del 2023, fecha en que se terminaron de publicar las resoluciones previas al hito.
En total, se registraron 283 parques: 41 eólicos y 242 fotovoltaicos, que representan una capacidad a instalar de más de 32 GW, de los cuales obtuvieron su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva el 77,39%.
Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no alcanzaron a cumplir los requisitos?
Estos parques no podrán continuar con modificaciones y actualizaciones de su expediente, dado que venció el plazo para continuar con el proceso administrativo, de modo que de querer finalizar el proyecto, deberán reiniciar las tramitaciones.
En total son 64 parques que no alcanzaron su DIA positiva. 7.385,58 MW que quedarán liberados de sus puntos de acceso a la red.
Solo en Madrid, 2.375 MW fueron desfavorables, es la zona en donde más capacidad se liberó.
En Andalucía, 18 parques dejarán de avanzar hacia su puesta en marcha dejando disponibles 1.509 MW, en Aragón 1.184 MW y en Castilla-La Mancha 1.055 MW.
Otro de los puntos llamativos es que, en proporción, los parques eólicos son los más rechazados en sus evaluaciones de impacto ambiental.
Como se mencionó anteriormente, 41 eólicos y 242 fotovoltaicos fueron tramitados, únicamente, a través de la plataforma del MITECO.
Solo 41 parques de generación solar fueron desfavorables, es decir: el 16,94% del total. Mientras que 20 corresponden a parques eólicos, que representan el 48,78%.
Será un gran desafío para el sector eólico la selección de plazas para el desarrollo de los parques, así como encontrar la tecnología adecuada para hacerlo.
Recientemente, en el evento organizado por Future Energy Summit, Raquel Álvarez Segado, Directora de Compras para EU&LATAM de EDP Renewables, hizo referencia a esta situación y destacó la necesidad de contar con un marco normativo que brinde mayor flexibilidad para adaptar los parques, ya que desde el inicio hasta el inicio de la construcción pueden pasar entre tres y cinco años.
En este sentido, la ejecutiva explicó que lo que suele ocurrir en estos casos es que el Gobierno solicite nuevamente ir a información pública, aumentando el plazo de tramitación en entre 6 y 8 meses, con la incertidumbre de no saber inicialmente cuánto tiempo transcurrirá al fin.
De modo que muchos de los proyectos dejan de ser rentables.
Sobre la fotovoltaica, Álvarez sostiene que la propia tecnología permite mayor flexibilidad y agilidad en las tramitaciones.