“El actual sistema es muy discrecional y es un peligro”, planteó el superintendente de electricidad, Rafael Velazco Espaillat, refiriéndose a los procesos de solicitud de concesiones provincial y definitiva a los que deben someterse los proyectos renovables que quieren interconectarse en República Dominicana.
En conversación con Energía Estratégica, Velazco señaló que aquella opinión no es sólo suya desde la Superintendencia o exclusiva del actual gobierno a través de distintas autoridades de la cartera energética.
“Me consta que técnicos de otros gobiernos también piensan que tenemos que modificar la ley para que el sistema sea por licitaciones”, consideró.
Y si bien aseguró estar de acuerdo en que República Dominicana deba “migrar hacia un sistema de licitaciones”, aclaró que estas no podrán darse en el corto plazo.
¿Cuál es la barrera? Primeramente, Velazco trajo a colación que habría que cambiar la ley a través del Senado para permitir licitaciones de energías renovables y por eso no sería el camino inmediato a seguir.
A aquello se suma que, según registros de la Superintendencia, no habría capacidad disponible en redes de transmisión para nuevos proyectos:
“Quedaban 330 MW en alta tensión y fueron copados por los últimos seis contratos de renovables a los que se les honró el PPA para dar continuidad a sus procesos pese a que no los iniciaron con la actual administración”.
Visto aquello, transparentó que el gobierno a través de la Superintendencia viene trabajando en la actualización de los reglamentos que si bien no permitirán mecanismos de selección de grandes proyectos, sí debieran incentivar sistemas renovables como aquellos de generación distribuida, ya que estos sí pueden emitirse mediante decreto y movilizarse este año.
Tal es así que recientemente la Superintendencia dio a conocer su propuesta para el Reglamento para la Aprobación, Interconexión y Operación de Instalaciones de Generación Distribuida de Energía.
Aquel documento, que se encuentra a disposición pública desde el pasado mes de febrero, ya ha recibido comentarios de representantes de ASOFER, ADOSEA y el Consejo Unificado de las EDES durante una reunión con Velazco.
Identificado el interés de la iniciativa privada para nutrir la iniciativa reglamentaria, se otorgó a las entidades antes mencionadas un plazo adicional para que puedan remitir, de nuevo pero por escrito, sus observaciones antes del 16 de marzo y así avanzar cuanto antes en su implementación.